Piden no prorrogar medidas que afectan a los alquileres

En un documento, que firman  José Vidal y Mario Raspagliesi, secretario y vicepresidente de la institución, lo instan a dar por finalizadas las previsiones del Decreto 320/2020 y a no prorrogar su vigencia ni instituir un régimen similar en substitución, al tiempo que solicitan “se exploren y arbitren soluciones eficaces, alternativas y equitativas que no agraven ni la especial situación de los propietarios que pueden resultar afectados, ni la problemática general -y a esta altura, crónica- del déficit habitacional argentino con dos de sus manifestaciones más elocuentes y penosas: el crecimiento de la viviendas informales y carenciadas y las masivas tomas de tierras de terceros”.

Asimismo, se ponen a disposición para colaborar en todo lo necesario para el logro de los objetivos propuestos.

Luego de historiar sucesivas iniciativas que modificaron elementos esenciales de los contratos, la primera de ellas cumplirá pronto un siglo, indican que “fueron expulsando a cada vez más familias a la vivienda informal o indigna, en cuanto el régimen de adquisición por compra, salvo puntuales y esporádicos períodos, no fue acompañado por la existencia de un crédito hipotecario asequible a la mayoría, CAVERA advirtió que las características del mercado de la locación, fatalmente, producirían dos efectos casi inmediatos e íntimamente vinculados entre sí: la retracción de las unidades en oferta para alquilar y la elevación de los precios de la locación”.

Últimamente, afirman, el cuadro se vio agravado cuando, entre las medidas para morigerar los efectos de la pandemia del Covid 19, se incorporaron adicionales alteraciones al régimen locativo. “Esas medidas están próximas a su vencimiento y ante ciertas voces que ya propugnan su continuidad, CAVERA quiere advertir la inconveniencia de que así se haga”

ARGUMENTOS.

“Por una parte, porque no hay duda en que la reiteración de añejas prácticas reproducirán indefectiblemente los serios desvíos largamente conocidos y sufridos respecto de la falta de viviendas disponibles para ser habitadas, elocuente testimonio de lo cual da el inusitado número de toma de tierras a que ha asistido poco  la sociedad argentina, contemporáneamente a la prohibición de los desalojos. Es del caso advertir, por ejemplo, que las usurpaciones en Guernica, Pcia. de Buenos Aires, comenzaron en julio de 2020, cuando los desahucios ya estaban prohibidos desde marzo del mismo año por el art. 1° del decreto 320/20”.

Sostiene CAVERA que, además de resultar injustos y violatorios del derecho de propiedad, la indisponibilidad de los inmuebles, la prórroga de contratos vencidos y el virtual congelamiento de los alquileres mensuales,” no se aprecian como herramientas vinculadas a la disminución de la pandemia, ni como una política de estado en la emergencia sanitaria, sino que, por el contrario, sólo pueden entenderse como una forma de no asumir en esta materia, pública y genéricamente, los costos y consecuencias del Covid 19, poniéndolos en forma exclusiva a cargo de un sector de la sociedad, sin considerar que éste no es de ningún modo responsable de la instalación ni propagación del virus, que sufre a su vez sus consecuencias y que no recibido apoyo ni ayuda alguna en el difícil trance que puede significar la indisponibilidad de un bien que muchas veces es un auxiliar indispensable de la economía familiar, mientras debe afrontar todos los costos de su mantenimiento”.