El presidente de la institución, arquitecto Darío López, participó de la Audiencia Pública realizada en la Legislatura, en relación con la modificación de la normativa urbanística sobre el conjunto Costa Salguero- Punta Carrasco, e indicó que en base a los estudios realizados por los especialistas de la entidad, que “su venta debería ser evitada y en ningún caso el producido debería utilizarse para gastos corrientes”.
E indicó que la tierra pública es el bien más escaso en cualquier ciudad, sin posibilidad de reposición. Aunque estimó que adecuadamente utilizada puede promover la transformación urbana y la localización futura de infraestructuras y equipamientos por lo que su asignación correcta y planificada del recurso resulta clave.
“Hablar del conjunto Costa Salguero-Punta Carrasco ineludiblemente implica hablar de urbanismo. Y si aprovechamos esta instancia de participación pública para interpelar el urbanismo con una mirada crítica, no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer un breve diagnóstico sobre el sistema de planificación urbana en la Ciudad. Y desde ese marco, hacer hincapié sobre la importancia de la gestión idónea de la tierra pública, dado que la misma es un recurso estratégico, difícilmente renovable y esencial para la planificación y construcción de la ciudad. Actualmente la planificación pública en general y el sistema de planificación urbana en particular, se encuentran condicionados por un sostenido debilitamiento estructural. En este contexto, la discusión sobre los proyectos urbanísticos puntuales y el criterio de manejo de la tierra pública y los códigos urbanísticos, comienzan a presentarse estériles. Esto se produce porque los Planes Estratégicos y Urbanos y los Modelos Territoriales, que debieran brindar el marco a toda iniciativa se encuentran desactualizados o en reformulación y que en última instancia no son considerados al tomarse las decisiones políticas”.
En la CABA el respeto por su Constitución, la Ley Nº 71 y el PUA (Plan Urbano Ambiental) es el esquema que debería recuperarse para disponer de las herramientas que permitan afrontar los grandes desafíos de este siglo XXI, enfatizó.
En estas consideraciones pueden encontrarse los principales desajustes del sistema y las razones que generan el legítimo interés que despiertan en el conjunto de la sociedad ciertas iniciativas fragmentarias impulsadas desde el GCBA.
“En este contexto, es necesario subrayar que el suelo urbano, y en especial el público, es un bien escaso y un recurso estratégico por el que todos los actores pujan. Por ello, una política urbanística implementada por el Estado debe propender a satisfacer el bienestar general”, concluyó Darío López.
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