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08.11.19

Constructores piden se declare al sector en emergencia

El Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción solicitó se declare la emergencia del sector, con “acciones estructurales y de coyuntura a aplicar en los primeros 200 días del nuevo gobierno, para mantener el empleo y la actividad".

De izquierda a derecha: Teodoro Argerich, Julio César Crivelli, Antonio Pécora e Iván Szczech, piden que se declare la emergencia del sector.
De izquierda a derecha: Teodoro Argerich, Julio César Crivelli, Antonio Pécora e Iván Szczech, piden que se declare la emergencia del sector.

Los integrantes del Consejo Federal de la Cámara,  coincidieron en resaltar que "el sector sufre hoy, amplificados, los efectos de la recesión, la actual y la previsible para los próximos meses".

Asimismo, considera que "las empresas del sector obra pública sufren graves perjuicios por los atrasos en los pagos de las obras certificadas, demoras no razonables en la tramitación y aprobación de las redeterminaciones de precios pactadas contractualmente, e incluso la aplicación de sanciones por incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando existen razones que lo justifican".

También  sostienen  que "recientes medidas han agravado la situación financiera de las provincias", ya que "el reperfilamiento de títulos de deuda afectó a sus activos financieros, lo que dificulta o imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones de pago de las obras realizadas".

En ese sentido, agrega que “el congelamiento de combustibles afectó las regalías provinciales, con similar efecto sobre sus posibilidades de pago. Esta medida  condicionó además, severamente, las inversiones privadas en el sector de petróleo y gas, golpeando la actividad constructora vinculada”.  

El texto resalta que debido a este escenario "tampoco existen perspectivas de iniciación de nuevas obras en un plazo razonable” lo que llevará a una abrupta caída del empleo y la actividad, si no se adoptan medidas perentorias.

La propuesta de la entidad, además de declarar la emergencia en todo el país, incluye:

*Calcular y consolidar la deuda devengada en los contratos vigentes, emitiendo documentos de pago negociables o compensables.

*Abordar un nuevo y urgente plan de viviendas sociales a través de convenios con los IPV no menor a 40.000 unidades en todo el país que motorice la economía de manera federal atacando de manera directa la pobreza y la falta de empleo.

*Reformular, mediante un esquema de adhesión optativa, los contratos vigentes, adecuándolos a las actuales circunstancias, disponiendo la neutralización de plazos sin sanciones hasta el nuevo acuerdo, el que debería incluir un régimen automático de Variaciones de Costos.

*Establecer un régimen de excepción para empresas PyMEs evitando sanciones y dando créditos, al tiempo de equiparar los montos que definen las categorías PyME a los usados para las PyMEs industriales.

*Suspender ejecuciones y embargos por AFIP, y permitir la compensación de deuda impositiva con créditos del Estado Nacional, implementando un sistema equilibrado, que considere la fecha de mora en la obligación y la fecha en que el Estado debió cancelar la deuda.
 

 
 
 
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