Se abre un marco de oportunidades para el sector

La construcción se encuentra en una etapa de transición entre un 2020 impactado por el Covid 19, más la cuarentena implementada por el gobierno, y un 2021 que arrastra las consecuencias de aquel año complejo, sumado a  los vaivenes económicos, cambiarios y políticos al que nos tiene acostumbrado este país.

Empecemos citando las consecuencias del 2020 que aún afectan este año:

Sobrecostos en la construcción e industrias asociadas a la puesta en vigencia de los protocolos por ejemplo el transporte privado del personal a obra, aislamiento e hisopados de posibles casos,  e insumos, personal de limpieza para desinfección y mayor espacio para las instalaciones de los empleados.

El reinicio de las actividades durante el tercer trimestre de 2020 consumió los stocks de materiales existentes mientras las industrias se ponían en marcha,  improductividad mediante, dictadas por los protocolos Covid, que implicó faltantes de materiales y presión sobre los precios (oferta/demanda).

El desequilibrio de precios generados por el movimiento de los dólares financieros y las restricciones al comercio exterior generan, en algunos casos, inflación de materiales en dólares y oportunidades de insumos y productos importados con al valor del dólar oficial (subiendo paulatinamente).  

A pesar de todo lo anterior el valor de la construcción medido en dólares sigue siendo una oportunidad.

Teniendo en cuenta lo anterior este año empezó con mucha actividad, sobre todo en vivienda de clase media impulsado por los flujos en pesos que aún genera nuestra economía. A esto se le suman las divisas que no se pueden girar al exterior y que las grandes empresas y multinacionales capitalizan en inversiones inmobiliarias o construcción aprovechando los costos bajos en dólares.

LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y BLANQUEO

En este contexto, el 25 de febrero pasado el Senado de la Nación convirtió en ley una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca dar un mayor impulso al sector de la construcción habilitando una nueva exteriorización de fondos no declarados, entendiendo el poder dinamizador de nuestra industria y apostando a que la construcción sea uno de los pilares del 2021. Estos fondos podrán aplicarse a obras nuevas o que como máximo están al 50% de su avance.

El plazo total previsto para su manifestación es de 120 días eximiendo del impuesto a los bienes personales del valor de las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive y por un plazo máximo de dos períodos fiscales. Se premia la rapidez de la exteriorización con un menor gravamen, es decir que se aplican escalas en el tiempo. Así el monto del impuesto a ingresar por los primeros 60 días a partir de la promulgación de la ley será con la tasa del 5%, los siguientes 30 días con el 10% y los 30 subsiguientes con el 20%.

El sector de los desarrolladores y constructores e industrias relacionadas tenemos muchas expectativas puestas en esta iniciativa. Podemos discutir si los 120 días son una limitación, si las escalas son por plazos muy justos, si es el momento adecuado para implementarlo teniendo en cuenta que a fin de marzo vence el impuesto a la riqueza y que este es un año electoral de medio término, si la devaluación está contenida y si esto afectará el valor de los dólares repatriados, pero lo cierto es que hoy es una oportunidad, que las exteriorizaciones anteriores han sido exitosas, que se están aplicando fondos a inversiones que siempre han sido resguardo de valor y de apreciación, más aún con el costo actual de la construcción