La CAC alerta sobre la emergencia del sector

Entre las medidas estructurales sugieren: incentivo fiscal a la construcción de nuevas viviendas para sectores medios; proyecto de ley que establezca que los créditos hipotecarios se actualicen por CVS para el tomador del crédito y puesta en marcha de un plan de construcción de viviendas sociales a través de los institutos de Vivienda provinciales  con  recursos del Estado Nacional.

Por otra parte, se proponen medidas de ordenamiento como ampliación a toda empresa constructora de los regímenes fiscales y previsionales de excepción como suspensión de toda sanción y punitorios y crédito para capital de trabajo.  Y en cuanto a los contratos de obras  públicas vigentes: establecimiento de una línea de descuento de certificados de obra pública; emisión de una boleta de deuda por cada crédito que no pueda ser cancelado de inmediato; neutralización de los contratos sin multas ni sanciones y reformulación de los mismos para la parte de obra pendiente de ejecución; y pago de todo crédito a favor del contratista, entre otras.

Pese a alentar  favorables expectativas, la institución sostiene que el sector vive una “situación excepcional”, con  indicadores dan cuenta de 67.000 empleos registrados perdidos desde marzo de 2018 (19.000 en diciembre pasado, tendencia que continuó en enero del 2020), y caída de los despachos de cemento y la venta de materiales para la construcción.  Incertidumbre que “ afectó el inicio y la continuidad de las obras privadas, ya que las dificultades financieras y la falta de ventas afectan el fondeo de los proyectos.

“Sectores que requieren fuertes inversiones privadas como ser la industria del gas y petróleo, particularmente el desarrollo de Vaca Muerta, energías renovables y minería se encuentran fuertemente restringidos sino paralizados a la espera de un escenario claro” concluye el comunicado.