Base oficial sobre desalojos de vivienda familiar

Se trata de la Resolución 5/2021, que fue publicada en el Boletín Oficial, firmada por el secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Juan Scatolini. La medida, busca asistir a familias que incumplieron sus contratos como consecuencia de los problemas económicos debidos a la pandemia del coronavirus, para lo cual se establecen grupos de personas prioritarios para la ayuda y qué información deberá aportar cada organismo del Estado para que se pueda elaborar una lista con estos casos.

Este nuevo protocolo tiene por objetivo sistematizar esa información para “desarrollar un Registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente potencialmente perjudicado”. Pero a la vez evitar un posible perjuicio contra aquellos que se vieron beneficiados por el congelamiento de los alquileres, medida que se tomó inicialmente al comienzo de la cuarentena y que después se fue prorrogando.

La base de datos deberá incluir información personal de los locatarios; la composición del grupo familiar o conviviente, si lo hubiera, especificando personas en situación de vulnerabilidad; la inscripción del contrato en la AFIP y el plazo de vigencia del mismo, además del canon locativo, el monto y frecuencia de actualizaciones, y el pago de expensas, impuestos y servicios a cargo del inquilino.

Cabe recordar que además, se había extendido de 6 a 12 el número máximo de cuotas que los locatarios tienen para saldar las deudas por “diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales”. Medida relacionada con el hecho que desde el 31 de marzo, ya no rige más el congelamiento de los precios de los contratos de alquiler ni la suspensión de los desalojos por falta de pago.

La medida apunta a coordinar acciones para abordar soluciones habitacionales para aquellos inquilinos que enfrenten situaciones graves derivadas de la pandemia. Se tendrá en cuenta “la posibilidad de acceso a la vivienda a través de compra, comodato, alquiler con opción a compra u otras formas, a determinar de acuerdo a la disponibilidad de unidades y las capacidades socio-económicas de los hogares”.