Un mapa reúne las subastas públicas en CABA

El trabajo da cuenta de 53 inmuebles que suman casi 1,2 millones de m2 construibles y más de u$s  953 millones de recaudación en los remates, en una recopilación de las subastas  realizada por el Observatorio AMBA y efectuadas por el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2017 y 2019. Este mapa muestra información georreferenciada de los bienes de Estado sobre los cuales se inicia un proceso de remate o enajenación.
 
“El objetivo del Observatorio, en general, y de este informe, en particular, es construir conocimiento sobre temas metropolitanos, compilando, sistematizando y dando a conocer información relevante en torno de planes, proyectos, normativas y otros instrumentos de planificación y gestión territorial. Así como, brindar información fiable para poder construir una reflexión de actualidad sobre los procesos de transformación de la ciudad, prestando especial atención a su localización y a los instrumentos que se utilizan para llevarlos a cabo”, comentó Margarita Charriere, directora de Observatorio AMBA CPAU.

Y agregó que el fin es poder visualizar de manera conjunta la dimensión territorial de una política que el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Ciudad han desarrollado como acciones individualizadas.

Se trata de 53 subastas de inmuebles en proceso de enajenación y 6 proyectos urbanos particulares. Los remates suman un total de u$s 953.771.934 y 1.146.784 m² de superficie construible sobre un total de 138.181 m² de superficie de tierra. La tarea fue encarada, como comentó Paloma Garay Santaló, quien efectuó la presentación del trabajo, dado el interés que los medios y la opinión pública estaban dando a un tema que se visualizaba de manera fragmentada. Del análisis surge que Catalinas Norte se destaca tanto en superficie como en constructibilidad,  mientras Catalinas Sur toma peso en ese aspecto aunque en superficie de los lotes es mayor en Estación Colegiales. Respecto de los proyectos y los nuevos lotes generados, las subastas desiertas ponen en cuestión cómo será el desarrollo de los proyectos en el tiempo. Por otra parte, la mayoría de los desarrollas se alojan en el Área Central y Corredor Norte, con lo que se prioriza el sector de mayor valor del suelo.

LOS EJES DEL DEBATE

El planteo propuesto a los especialistas que asistieron a la presentación: los arquitectos Andrés Borthagaray y Martín Reibel, el ingeniero Nicolás Gallo,  el urbanista Juan Ignacio Duarte y el Dr. Nicolás Gentili, fue si los nuevos proyectos son acordes con los requerimientos de desarrollo de la ciudad. Y si pueden identificarse lineamientos de una política urbana y de gestión del suelo en torno a este proceso de enajenación de tierras públicas.

Para Duarte, quien puntualizó que el “destino de los predios que avanzan en el corredor Norte y Centro, las áreas más valorizadas,  es preocupante” cuando se observa la situación habitacional que ubica del  4,1 % al 6% de la población en villas, o al aumento del peso del alquiler en los ingresos de la población. Con esos argumentos se mostró partidario de regular con criterio el suelo público, ya que debe haber un fin social detrás de la política habitacional.

Por su parte, Nicolás Gentile alertó sobre cierto “fetichismo del negocio” que no tiene en cuenta a una política urbana que ofrece reparos en cuanto a la planificación de un modelo de ciudad. Puso como ejemplo la terminal de ómnibus de Dellepiane, hoy sin utilización por falta de consenso previo y rigor a quién se otorgaba,  y lamentó la falta de presencia de la clase media en los reclamos por sus derechos a la vivienda.

Martín Reibel recordó que el uso de los bienes del Estado está regulado por los artículos 14 bis y 75 de la Constitución Nacional (inciso 16), y que es oportuno tenerlos en cuenta cuando actualmente hay porciones del territorio nacional, como 200.000 hectáreas en Mendoza, que están en proceso de enajenación sin que medie una planificación adecuada sobre su disposición.

Finalmente, Andrés Borthagaray indicó que se trata de “oportunidades irrepetibles”, en las que como sucede en otras partes del mundo, debería compensarse socialmente por la venta de bienes públicos.

También destacó el rol de los profesionales en la discusión de los proyectos y en la búsqueda de cómo contribuir para que el uso de los recursos se asigne de la mejor manera.