Esperan se traslade a precios la exención del IVA

Carlos Spina, director Comercial de Argencons, sostuvo que cualquier incentivo es bienvenido, en un momento tan difícil como el actual  “puesto que los proyectos que dependían de crédito se ven imposibilitados de continuar y aquellos que pretendieron fondearse con preventa agresiva, ésta ha desaparecido”. De tal manera, en el segmento aludido, y por el cual se viene trabajando desde la Asociación de Empresarios de la Vivienda, “creemos que ayudará a desarrollar proyectos que estaban en carpeta, para un target que está muy golpeado y veía alejarse la posibilidad de casa propia”.

De todas maneras, remarcó que el estímulo  tampoco es determinante como para llegar a mover mucho el mercado;  primero porque tiene un tope y segundo porque se está hablando del IVA vivienda (10,5% del precio sin el terreno). No obstante, sin dudas es importante  privilegiar la construcción de vivienda,  en un momento en el cual el Estado está ajustando los números.

Desde la institución, comentó Spina, se supo de obras que se han suspendido, y como vemos, es el momento que premia a los conservadores.” El haber sido audaz tomando crédito o con preventas baratas para un apalancamiento comercial, se paga en estas coyunturas.” Indicó que el  costo ha bajado, pero en la “foto”, pero  la verdad es que la evolución de la construcción futura y del dólar forman parte de la incertidumbre.

Daniel Mintzer, titular de GYD, firma que encara actualmente siete emprendimientos en construcción y  un proyecto grande a comenzar en Barracas hacia setiembre, manifestó que tienen proyectos que entran en la normativa y esperan presentar apenas se reglamente la ley.

Explicó que la norma tiene inspiración en la ley de vivienda social uruguaya, por la cual en casi todo ese país se construye con reintegro de IVA y exención de ganancias, con la excepción de las zonas top de Montevideo o Punta del Este, pero aclaró que “aquí la restricción no es geográfica sino de valor, lo que saca del mercado a unidades medianas o grandes”.

ALGUNOS OBSTÁCULOS

Para Mintzer, también la ley tiene una serie de obstáculos (mínimo 50 % de las unidades del edificio a ese precio, lo que invalida los edificios con distintas tipologías), máximo 10 % del valor de la unidad a reintegrar, hay una restricción del cupo asignado y la aprobación es con la inversión iniciada.

“No obstante, remarcó, es un primer intento de acercamiento al sector y debe ser valorado, máxime porque hubo un importante nivel de consultas hacia la AEV/CEDU que debe destacarse”. Tampoco tomó partido aún, de medir el beneficio a trasladar al comprador, porque eso se verá en la dinámica de la operatoria, pero si todo funciona bien debería haber una baja en el precio.

Otro tema que resaltó, es “la mala aceptación de mucha parte de los vecinos de la ciudad a la construcción nueva, que genera empleo, mueve la economía y aporta al stock de viviendas. Recordó que un edificio tarda  entre 3 a 4 años entre la compra de la tierra y la última venta, y es común que en ese lapso, siempre se produzca un cambio de variables económicas, por lo menos una crisis y alguna devaluación. “A eso estamos acostumbrados. Pero debemos generar conciencia en la gente de la utilidad de los desarrollos inmobiliarios, cosa que casi nadie hace”.

Gustavo Ortolá, presidente de Go Real Estate y desarrollador de trayectoria también en mercados del interior, considera que todo lo referente a generar bajas impositivas en la producción de m2 de viviendas redundará -por una cuestión de contexto de baja actividad- en un traslado directo a los precios de las unidades. “ Esta medida generaría una baja de precios,  pero será fundamental  la reglamentación de la iniciativa para que la ventaja sea realmente efectiva”.  Augura que esta medida, más la baja de costos de construcción en dólares por la violenta devaluación que sufrimos, a lo que se suma el receso de la actividad, garantizan una baja inminente en los precios de las unidades de primera vivienda que pronosticó cercanas al 15% de los valores de los últimos años.

Otro hecho que destaca, es la autorización en CABA para construir unidades de vivienda de menores superficies, que las posibles con la anterior normativa.

Reflexiona, además, que de todas formas, “esta combinación nunca logrará emular el impulso vital que generó la aparición del crédito UVA para la aplicación a la compra de unidades usadas.  

Lamentablemente esta misma devaluación,  que acomodó los costos de construcción, por lo menos por un plazo breve que hoy estamos viviendo, desacomodó totalmente el acceso por ingresos al crédito de una pareja  argentina de ingresos medios “.

A TENER EN CUENTA

* La vigencia de la exención, establecida en la Ley de Presupuesto,  es limitada, tanto en el tiempo, como respecto de la cantidad de unidades a ser afectadas: los beneficios aplicarán hasta una cantidad máxima de 60.000 unidades de vivienda en total a nivel nacional, acotando a 3.000 el máximo de unidades de vivienda por desarrollos iniciados antes del 2019 a los que se les podría aplicar el beneficio.

* Tendrá efectos para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 01/01/2019, incluyendo a los proyectos iniciados en tanto no tengan un grado de avance total superior al 25% y siempre que el proyecto se finalice como fecha tope en diciembre 2022 (48 meses). En el caso de proyectos iniciados con anterioridad al 01/01/2019, los créditos fiscales con derecho a cómputo para el beneficio serán aquellos generados con posterioridad al 01/01/2019.