El punto más destacado, que la Asociación de Empresarios de la Vivienda venia impulsando desde hace años, es el que establece el artículo 5 del decreto 146/2017 que define que los préstamos con garantía hipotecaria (como lo son los del ProCreAr y en general los que necesitan las familias de clase media para acceder a sus viviendas) se actualicen con la aplicación de las Unidades de Vivienda, ya sea en su formato de UVIs, actualizables por el Índice del Costo de la Construcción (ICC), incluidas en la recientemente sancionada ley que impulsó el senador Julio Cobos; o las UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo) actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) impulsado por el Banco Central.
El vicepresidente de la AEV, Gustavo Llambías señala que “este decreto viene a ordenar un conjunto de iniciativas tendientes a tener una unidad de cuenta ajustada (UVIs o UVAs) que permita, que nuestro sector provea al mercado, sin subsidio alguno del Estado, la solución habitacional que la clase media no tiene desde hace casi 20 años”.
“En efecto, la posibilidad de que el desarrollador pueda tomar crédito intermedio del sistema financiero privado para la construcción, para de ese modo ofrecer al mercado unidades de viviendas que puedan comprarse con un pequeño anticipo y cuotas hasta la posesión, para luego completar el precio a la escritura con un crédito hipotecario individual y que todos los préstamos estén denominados en una unidad de cuenta ajustada, es lo que hace posible el financiamiento de largo plazo que la vivienda requiere” sostuvo Llambías. “Adicionalmente, la cartera de hipotecas generada en esas unidades ajustadas, podrá ser volcada al mercado de capitales para que inversores institucionales de largo plazo devuelvan liquidez al sistema, reiniciando el ciclo virtuoso”, explicó.